En Montería, la informalidad laboral sigue siendo una herida abierta. En la tercera posición de las ciudades con mayor informalidad laboral en el país, suma más de 116 mil personas como informales que sostienen la economía local sin la protección de un contrato ni el respaldo de la seguridad social. Son rostros familiares en cualquier esquina: el mototaxista que transporta a las personas hacia sus destinos, la vendedora ambulante que ofrece frutas bajo el sol, el ayudante de obra que se rebusca a punta de distintos arreglos en las casas de la ciudad. Su trabajo mantiene viva la ciudad, aunque muchas veces transcurra fuera del radar de la formalidad.
La raíz del fenómeno está entretejida con la historia económica de Montería. La ciudad ha crecido alrededor del comercio, los servicios personales y la pequeña empresa familiar, sectores que generan ingresos, pero con escaso margen para cumplir con los costos y trámites que exige la formalidad. En un entorno de márgenes estrechos, los recientes ajustes nacionales —el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la entrada en vigor de la reforma laboral— han elevado la carga para los pequeños empleadores, que muchas veces optan por mantener relaciones informales antes que arriesgar su estabilidad financiera.
El nivel educativo también pesa. Una gran parte de la mano de obra monteriana no ha completado la educación media, y eso limita sus opciones en el mercado laboral formal. Sin formación técnica o tecnológica, los trabajadores quedan atrapados en ocupaciones de baja productividad, con ingresos variables y sin acceso a mejores oportunidades. En contraste, una oferta educativa más alineada con las necesidades del sector productivo podría ser la llave para revertir esa tendencia: programas técnicos en agroindustria, logística, servicios digitales o energías renovables que conecten la formación con la demanda real de empleo.
El desafío, sin embargo, no recae únicamente en el trabajador. Desde lo local se pueden construir soluciones que allanen el camino: trámites más simples para emprender, asesoría para pequeñas empresas, incentivos graduales a la formalización y alianzas activas entre la administración, el SENA y las universidades para vincular talento con empresas. Montería tiene la energía y la creatividad de una ciudad joven. Convertir esa vitalidad en empleo digno requiere políticas que no castiguen al que quiere formalizarse, sino que lo acompañen. Porque cada trabajo que pasa de la informalidad a la formalidad no solo mejora una vida: fortalece el futuro económico de toda la ciudad.
