El más reciente informe fiscal sobre el departamento de Córdoba nos entrega una radiografía detallada de nuestras finanzas públicas entre 2008 y 2023, al tiempo que nos invita a mirar con sensatez —y optimismo— hacia el futuro. Este análisis reconoce los logros alcanzados e identifica los retos que persisten.
Hay razones para valorar lo avanzado. La administración departamental ha demostrado disciplina y compromiso al mantener superávits fiscales durante más de una década, en gran parte para atender una deuda heredada de los años noventa. Esa gestión permitió que, tras una baja calificación crediticia en 2016, Córdoba goce hoy de un perfil financiero sólido, con una calificación A- otorgada por Fitch Ratings. Esto significa que el departamento puede acceder a mejores condiciones de financiamiento en el mercado financiero.
No obstante, el manejo de las finanzas públicas departamentales enfrenta retos importantes. El informe también señala con claridad la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso. Con más del 65 % de los recursos provistos por el Gobierno Nacional por concepto de transferencias, la sostenibilidad de nuestro modelo fiscal se encuentra limitada y con escasa independencia sobre las decisiones de inversión y priorización por fuera de lo exigible por el SGP. Fortalecer el recaudo local y modernizar la gestión tributaria le daría mayor independencia a la administración departamental y permitiría planificar y ejecutar políticas que requieren varias administraciones para ejecutarse.
El llamado más profundo del informe se centra en mejorar la calidad del gasto. Buena parte de la inversión social, por ejemplo, se destina al sector educativo, un objetivo loable, pero los resultados todavía dejan que desear. Para mejorar los resultados necesitamos repensar estrategias, como ara ampliar el acceso en educación preescolar, avanzar en la jornada única, la formación docente de calidad y el fortalecimiento institucional para mejorar cobertura, equidad y resultados académicos sostenibles.
Córdoba tiene en sus manos una gran oportunidad: moverse hacia un modelo de gestión pública que combine responsabilidad fiscal con efectividad social. El camino para una conversación colectiva sobre el valor de lo público y cómo ello puede contribuir a mejorar las condiciones de vida en el departamento. Una conversación en la cual debemos participar todos: administración, gremios, ciudadanía y academia, para lograr que la gestión fiscal sea efectiva, fortalezca la confianza y transforme las vidas de los habitantes del departamento.
