Las lluvias torrenciales de las últimas semanas, en un momento del año históricamente seco, han provocado graves inundaciones que han puesto a prueba la resiliencia de los habitantes de nuestra región y los recursos financieros y humanos de los gobiernos departamental y municipales. Esta emergencia también puso de manifiesto, nuevamente, la vulnerabilidad de las cuencas del Sinú y del San Jorge, escenario recurrente de emergencias climáticas y de seguridad.
Esa vulnerabilidad no es reciente. Nuestras comunidades rurales, incluyendo las actividades agrícolas y ganaderas, se desarrollaron históricamente adaptándose a las idas y venidas de las aguas de nuestros ríos y ciénagas. El sociólogo Fals Borda lo expresó de forma muy poética al acuñar en la segunda mitad del siglo pasado el concepto de cultura anfibia para ilustrar la forma cómo la cotidianidad de esas comunidades se adaptaba a un ambiente natural marcado por subidas periódicas en el nivel de las aguas.
Efectivamente, esos procesos no son nuevos, pero si lo es que los fenómenos climáticos extremos (inundaciones y sequías) son cada vez más frecuentes. Si a esto le sumamos que hoy poco más de la mitad de la población de Córdoba habita en zonas urbanas y que el área urbana de Montería cobija a cerca de cuatrocientos mil habitantes nos encontramos con que la vulnerabilidad es mayor y los retos inmensos. Y se agrava porque existe cada vez más la posibilidad de que cuando aún estamos recuperándonos de esta avenida llegue la siguiente.
La pregunta que nos estamos haciendo muchos es qué tanto de lo que está ocurriendo ahora es fortuito y cuánto depende de decisiones pasadas. Dentro de estas últimas, por ejemplo, están las de permitir que se construyeran barrios en terrenos anegables o el desecamiento de las ciénagas que servían para amortiguar las crecidas de nuestros ríos. Esto no lo podemos cambiar, aunque supongo que existen mecanismos para mitigar los efectos de largo plazo de esas decisiones. Algo, que no podrá hacerse sin el concurso del gobierno nacional. Y también necesitaremos mitigar el riesgo de que lo que hemos ganado en las últimas décadas en cuanto a reducción de la pobreza se pierda por los costos que esta emergencia tendrá sobre las familias, las empresas y sobre las finanzas públicas.
