Los principales retos que enfrenta el trabajo en Colombia son el desempleo y la informalidad, entendida ésta como la falta de acceso al sistema de protección social y la no aplicación de la legislación laboral. Recientes cifras muestran que el desempleo es superior al 10% y la informalidad del 58%.
Por lo tanto, una reforma laboral pertinente, como política pública adecuada y conducente, debería estar enfocada en resolver tales desafíos, cuya solución es esencial para el desarrollo sostenible. Como lo define la RAE reformar es “modificar algo, por lo general, con la intención de mejorarlo”.
Sin embargo, la reforma laboral propuesta por el gobierno Petro, en lugar de mejorar el panorama, puede empeorar la situación. En ese sentido, es una reforma que no consulta el sentido común, regresiva e inequitativa, pues beneficia a unos pocos (trabajadores actuales y sindicatos) en detrimento de la gran mayoría.
En efecto, el proyecto del gobierno encarece significativamente el costo del trabajo formal, lo cual desestimula la conservación del empleo y la contratación de nuevos trabajadores. Esto es muy inconveniente en un país en el que la mayoría del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto también reduce la flexibilidad de la contratación, atributo recomendado para que el mercado laboral se adapte rápidamente a las fluctuaciones económicas. En tercer lugar, el proyecto limita el enganche de contratistas independientes y empleados temporales, desconociendo que muchas personas, especialmente jóvenes, prefieren un tipo de contratación distinta la tradicional.
En lo referente a las relaciones colectivas de trabajo, el proyecto apunta a tres objetivos: promover y forzar la afiliación a los sindicatos (lo cual es una opción, no una obligación del trabajador); fortalecer la negociación colectiva a través de los sindicatos (desconociendo la posibilidad que firmar pactos colectivos de trabajo); y, en tercer lugar, estimular la realización de huelgas en Colombia, para lo cual hace más fácil su votación y, de paso, se lleva por delante el principio esencial de toda democracia: el respeto a la voluntad de las mayorías.
Lo anterior es lo grueso de la reforma. Llama la atención que el proyecto guarda silencio frente a temas tan importantes como la formación para el empleo. En síntesis, la reforma laboral propuesta por el gobierno Petro es impertinente, inconveniente e inequitativa. Qué lástima que el país pierda una gran oportunidad para hacer una muy buena y necesaria reforma laboral.
