En su Guía de Córdoba (1956), Severo J. García, quien en sus trabajos siempre advertía sobre la degradación ambiental en la región, citaba al sacerdote Enrique Pérez Arbeláez, quien pedía, a pocos años de la creación de Córdoba, que “una de las primeras empresas del departamento fuera medir, prospectar a fondo los recursos naturales, contar la dote que le dejó el pasado y planear su conservación y renovación para el futuro”. Pérez Arbeláez expresaba, además, su preocupación por que la dirigencia del departamento se concentrara “en menesteres burocráticos”, dejando de lado lo que importaba.
Rememoro esta afirmación porque históricamente nos hemos preciado de habitar un territorio biodiverso, con amplios recursos naturales y de una gran belleza, y cuya sostenibilidad está hoy en entredicho. El momento actual nos obliga a tomar medidas para fortalecer la resiliencia climática, garantizar la conservación y recuperación de nuestros ecosistemas, proteger a nuestras comunidades de los efectos del cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria, y promover, de forma efectiva, una economía regenerativa. Y esto, puede y debe hacerse desde lo local, incorporando a las comunidades y al mayor número posible de agentes públicos y privados.
Esta preocupación no es novedosa. Estaba al momento de la creación de Córdoba y lo está hoy. En 2022, tres centros de pensamiento del Caribe colombiano, dentro de los que se encuentra Atarraya, presentaron a los entonces candidatos presidenciales un listado de diez desafíos apremiantes (y algunas soluciones) a los que se enfrenta la región. Dentro de estos se encuentra el medio ambiente, y también la desnutrición, la informalidad laboral y la diversificación productiva. Listo estos, aunque aparentemente no tienen relación, porque proponer soluciones que promuevan la sostenibilidad y una economía regenerativa en Córdoba tendría efectos que superan los que estrictamente identificaríamos como “ambientales” y contribuiría a crear empleos formales, a diversificar nuestra estructura productiva y a incrementar nuestro nivel de vida, el de las comunidades en riesgo, y el de las generaciones siguientes (y a que las olas de calor no vayan a más).
El momento para proponer soluciones a estos desafíos, es, por lo demás propicio, porque los gobernantes locales, a poco de cumplir cien días en sus cargos, están en el proceso de elaborar planes de desarrollo, y también para pedirles que se tomen en serio estos desafíos y promuevan soluciones participativas a la crisis ambiental.
Fundación Atarraya
